Política educativa en Argentina
Luego de la profunda crisis del año 2001, que le costó el gobierno a Fernando de la Rúa, la recuperación del país fue difícil, pero pudo sortearse el abismo y volver a resurgir. Con un país más estable, pudo pensarse en robustecer los servicios públicos dentro de un gobierno de clara intervención estatal en los problemas sociales, como lo fue el de Néstor Kirchner que inició su mandato en el año 2003.
En el 2006 se concretó una nueva ley de educación para la nación que intentaba solucionar el grave daño que había ocasionado la aplicación de la Ley Federal de Educación que dividía a la EGB en tres ciclos, extendiendo la educación primaria hasta el noveno año. A partir de la nueva ley la educación se divide en EGB (educación general básica) hasta el sexto año, ESB (educación secundaria básica) de tres años, y un ciclo superior con modalidades (que se amplían respecto a la ley anterior, incorporando idiomas, educación física y arte) de dos años. Es obligatoria y gratuita en todos los niveles.
La nueva ley declara a la educación como prioridad nacional, un derecho individual y social, y un bien público. El Estado tiene que asumir como fin político privilegiar a la educación, para todos (universalizarla) como un medio para lograr una sociedad justa, igualitaria, desarrollada y democrática.
Para lograr sus fines, se destinan al menos el 6 % del producto bruto interno a mejorar la educación.
Las escuelas están bajo la jurisdicción de las respectivas provincias o de la ciudad de Buenos Aires. Existe educación pública y privada, aunque la ley llame a ambas públicas pero con diferente gestión (pública o privada) pero esta última con contralor estatal. Muchas escuelas de gestión privada, son subsidiadas con fondos públicos.
Paulatinamente estos lineamientos legislativos fueron llevándose a la practica, especialmente en el gobierno posterior, de Cristina Fernández de Kirchner, donde la inclusión se fue haciendo una realidad aunque con bastante tropiezos, ya que muchos niños excluidos del sistema se incorporaron sin un plan específico de acción, con conocimientos previos muy inferiores a los de sus compañeros, y sin haber sido educados en el compromiso ciudadano de asistir a clases con responsabilidad. La exigencia de mandar a los hijos a establecimientos de enseñanza para poder obtener planes sociales hizo que aumentara la matrícula escolar, pero sin tomar previsiones al respecto (por ejemplo un sistema de tutorías, o creación de nuevos cursos, para que no alberguen tantos alumnos, con necesidades e intereses diferentes.
Para lograr la igualdad, y como una medida de gran impacto social y de gran significación presupuestaria, se distribuyeron netbooks en las escuelas públicas, a través del plan “Conectar igualdad”, cuyos resultados, aún no están a la vista, pues falta capacitación para su uso adecuado por parte de alumnos y docentes, y del servicio técnico que responda en tiempo y forma, a las demandas de bloqueo y de desperfectos técnicos.
Subsisten en la actualidad muchos reclamos por parte de alumnos padres y docentes. Estos últimos están discutiendo en paritarias su salario, que se ve menguado por la creciente inflación; reclamando toda la comunidad mayor calidad en la educación pública, mejor infraestructura edilicia, más contención y apoyo para los desbordes disciplinarios, y para prevenir y evitar la violencia escolar, etcétera.
El tema de garantizar los 180 días de clases es una gran preocupación de los gobiernos, aunque se debería pensar que más de retener por más tiempo a los alumnos, lo importante es qué se hace en el lapso en que efectivamente están en las aulas (calidad más que cantidad). Inclusión, mayor tiempo en las aulas, igualdad, son fines altamente deseables, pero no nos olvidemos del propósito fundamental del sistema educativo: educar. Estar en las aulas, no significa inexorablemente desarrollarse en plenitud física, social, y psicológicamente. En aulas superpobladas, sin límites en cuanto a problemas de conducta, sin valores positivos compartidos, no hay tarea docente que pueda llevarse a cabo en forma eficaz.